Granizo, pérdidas y burocracia: la tormenta perfecta para la producción del sur de San Juan

A más de un mes de la reglamentación de la Ley 2648-L, que prohibió por 30 meses el uso de tecnologías de mitigación de tormentas de granizo, la falta de respuestas concretas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente no solo ha generado incertidumbre entre los productores afectados, sino que ha provocado pérdidas millonarias en dólares. La indefinición administrativa para avanzar en el relevamiento y evaluación de estos sistemas plantea interrogantes sobre la voluntad real del organismo para abordar un problema que ya afecta gravemente a la producción agrícola de la provincia.

Un procedimiento administrativo en pausa
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Héctor Bustamante, reconoció que, a pesar de la existencia de una reglamentación, aún no está definido el procedimiento administrativo necesario para que las empresas presenten sus sistemas de mitigación y puedan intentar revertir la prohibición. Según Bustamante, dicho procedimiento involucra pasos similares a los de una declaración de impacto ambiental y requiere la conformación de una comisión técnica ad hoc para evaluar cada caso. Sin embargo, la ausencia de avances concretos evidencia una notable lentitud administrativa que no hace más que profundizar el malestar en los sectores productivos.

“Hay que entender que el proceso es complejo y que depende de la calidad de la presentación inicial de las empresas”, explicó Bustamante, agregando que la comisión podría solicitar información adicional que amplíe los plazos establecidos por ley. Pero para los productores, este argumento no justifica la demora en la implementación de medidas claras. Mientras tanto, la prohibición sigue en pie y los efectos económicos negativos son palpables.

Pérdidas millonarias y frustración en el sector agrícola
La sanción de la Ley 2648-L se dio en medio de una creciente controversia sobre el uso de tecnologías antigranizo, como los cañones, avionetas antigranizo y los sistemas de alerta temprana. La normativa se basó en la creencia de que estos sistemas "secaban" las tormentas, lo que derivaba en una disminución de las precipitaciones en zonas vecinas. Sin embargo, los productores y especialistas en clima han señalado que estas afirmaciones carecen de sustento científico sólido. La prohibición ha expuesto a sus cultivos a tormentas devastadoras.

“Dos tormentas graniceras recientes han provocado daños irreparables. Si hubiéramos tenido los sistemas activos, esto no habría pasado”, comentó un productor de Sarmiento. Las pérdidas acumuladas superan los 7.5 millones de dólares en un primer relevamiento, un impacto económico que podría haberse evitado o mitigado con la aplicación de estas tecnologías.

Por otro lado, Bustamante desestimó los reclamos, afirmando que no han recibido presentaciones formales en la Secretaría. Esta declaración contrasta con las denuncias de productores y empresarios que alegan haber solicitado audiencias y presentado documentación para revertir la medida. La falta de diálogo efectivo no hace más que agudizar el conflicto. De hecho previo a la sanción de la norma el sector productivo presentó información sobre los sistemas de mitigación de tormentas graniceras que utilizaban; sin embargo, no fueron tenidos en cuenta y solo se contempló un informe del doctor Oscar Dolling de la Universidad Nacional de San Juan, en el que “cuestionaba la efectividad de los sistemas antigranizo y en ningún momento decía que estos sistemas rompían tormentas, tal cual expresaron activistas ambientales y algunos medios de comunicación.

Un enfoque que ignora la realidad climática
Si bien el subsecretario Bustamante sostuvo que los cambios climáticos son un fenómeno generalizado y no atribuibles al uso o prohibición de tecnologías específicas, esta postura ha sido cuestionada por expertos y productores. “Es cierto que enfrentamos un escenario climático complejo, pero eso no justifica desatender herramientas que han demostrado ser efectivas para mitigar los daños”, expresó un ingeniero agrónomo consultado para este artículo.

El trasfondo de la ley refleja una tensión latente entre sectores productivos y el gobierno provincial. Mientras Medio Ambiente insiste en que la prohibición responde a la necesidad de estudiar los efectos de estos sistemas, el retraso en la implementación de los procedimientos administrativos genera sospechas sobre una posible falta de voluntad política para resolver el tema.

Un costo que podría haberse evitado
La indefinición y las demoras de la Secretaría de Medio Ambiente para avanzar en el relevamiento de los sistemas de mitigación antigranizo han dejado a los productores de la zona del Campo Grande del Acequión a expensas de más tormentas graniceras que sigan destruyendo la producción. La falta de respuestas claras, sumada a un procedimiento administrativo todavía inexistente, demuestra una preocupante falta de planificación y coordinación en un tema muy importante. Los productores saben que esta temporada no podrán echar mano a la tecnología para protegerse, pero esperan que haya respuestas concretas para la próxima y que las evaluaciones estén dadas con base en el conocimiento científico y no a una subjetividad social “activada”, por intereses que van en contra del desarrollo.