Gobernanza del agua en Cuyo: Por qué Mendoza sobrevive a la crisis hídrica y San Juan lucha por adaptarse

La provincia de San Juan enfrenta una escasez hídrica estructural que se ha extendido por más de una década, desatando una profunda crisis en su sistema tradicional de gestión del recurso. Los oasis irrigados de los ríos San Juan y Jáchal, donde se concentran los sectores agrícola y pecuario, han visto impactada la superficie cultivada y la productividad, mientras que en las cuencas bajas, la falta de agua superficial amenaza las actividades tradicionales y el sustento de vida de comunidades enteras. Esta realidad ya no se considera un ciclo natural reversible a corto plazo, sino un nuevo escenario climático que exige una adaptación inmediata, especialmente considerando que la mayor proporción del agua se destina a la producción agrícola.

El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA) —integrado por entidades como el INTA, el INA-CRAS, CONAE, la UNSJ y el Gobierno de San Juan— ha publicado un informe técnico que compara los marcos legales de San Juan y Mendoza, buscando identificar dónde radican las diferencias en la gobernanza que han permitido a la provincia vecina manejar mejor la escasez.

La baja eficiencia de San Juan: una rigidez normativa
Uno de los hallazgos cruciales del CIGIAA es la dramática ineficiencia en el uso del agua en San Juan. Se estima que la eficiencia global del agua distribuida a través del sistema de canales de riego no supera el 20%. Esta baja eficiencia se debe, en gran medida, a una baja eficiencia de gestión en la red primaria.

El problema central radica en que el agua se gestiona por oferta, aplicando un coeficiente fijo en el tiempo y el espacio a toda la superficie con derecho de riego, sin considerar la superficie cultivada real o las necesidades específicas de los cultivos. Esta falta de sintonía entre la oferta y la demanda genera las mayores pérdidas del recurso, estimadas en más del 50%. Esta lógica de distribución inflexible está amparada por el Código de Aguas de San Juan, que prohíbe la entrega con coeficientes diferenciales. Esta rigidez normativa funciona como un "candado para la eficiencia física", resultando en la entrega arbitraria del agua según un cronograma fijo, y no cuando el cultivo realmente la necesita.

Esta ineficiencia en la red superficial no solo afecta a la agricultura, sino que impacta negativamente en todo el sistema hídrico, impulsando el bombeo excesivo que agota la reserva estratégica de la provincia y pone en riesgo la provisión de agua potable. El descenso de los niveles freáticos también incrementa significativamente los costos de producción por el consumo de energía eléctrica, restando competitividad al sector agropecuario sanjuanino. De hecho, los agricultores que han invertido en tecnología de riego a nivel parcelario acuden al acuífero para obtener la flexibilidad y fiabilidad que la red superficial no les proporciona, un proceso que ha resultado en la sobreexplotación del acuífero.

El modelo mendocino: autarquía y descentralización fuerte
Frente a la centralización sanjuanina, Mendoza ofrece un afianzado sistema de descentralización operativa, con resultados probados en la optimización del uso del agua y la participación de los usuarios.

La autoridad superior del agua en Mendoza es el Departamento General de Irrigación (DGI). La Constitución provincial dota al DGI de competencias exclusivas y le confiere un estatus de entidad extrapoder, garantizando su independencia técnico-política y su capacidad para establecer su propio presupuesto. Sus autoridades, el Superintendente y los Consejeros, son elegidas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tienen mandatos definidos de cinco años y solo pueden ser removidas por Jury de Enjuiciamiento, lo que asegura una autarquía constitucional fuerte.

Bajo la órbita del DGI, la clave de la descentralización reside en las Inspecciones de Cauce. Estas Inspecciones se configuran como personas públicas no estatales, autárquicas y sin fines de lucro, integradas por todos los usuarios de un cauce. Los usuarios eligen democráticamente a sus autoridades y tienen la facultad de establecer y aprobar el presupuesto de gastos y la rendición de cuentas en las Asambleas.

Potestades clave: La diferencia Jurisdiccional y Financiera
La comparación legal muestra que la principal diferencia entre ambos modelos radica en el grado de autonomía y las potestades jurídicas y financieras delegadas a las organizaciones de usuarios a nivel de base.

En Mendoza, las Inspecciones de Cauce gozan de gestión autárquica. No solo tienen funciones de administración, distribución, control y mantenimiento de canales y desagües, sino que también poseen potestad jurisdiccional propia. El Inspector de Cauce funge como juez de canal o hijuela, resolviendo controversias en primera instancia entre usuarios, con apelación ante el DGI (que actúa como tribunal de alzada o segunda instancia). Además, poseen una alta autonomía financiera, elaborando sus propios presupuestos, percibiendo sus recursos y procurando el autofinanciamiento, lo que fomenta una alta cultura de pago al conectar directamente el pago con el servicio recibido.

En contraste, el Departamento de Hidráulica (DH) de San Juan ejerce un modelo de centralización jurisdiccional y descentralización funcional limitada. El DH es una persona jurídica de derecho público autárquica, pero está jerárquicamente dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y adscrita a una Secretaría. A diferencia de Mendoza, el Director del DH no tiene un período definido de mandato y puede ser removido en cualquier momento sin expresión de causa, lo que debilita el estatus del organismo y limita la planificación a largo plazo.

Las organizaciones de usuarios sanjuaninos, como las Comisiones de Regantes (CR) y Juntas Departamentales (JD), son organismos "descentralizados" del DH. Sin embargo, sus funciones son predominantemente proyectivas y consultivas, especialmente en el ámbito económico. Aunque proyectan el presupuesto y la prorrata de gastos, el DH centralmente gestiona los fondos. Estas organizaciones carecen de potestad jurisdiccional propia; los conflictos y recursos administrativos son elevados al Consejo del DH para la decisión final, manteniendo la autoridad central el poder de policía y la función judicial completa. Esto resulta en una nula autonomía financiera, y una baja recaudación debido a la desconexión entre el pago y el servicio recibido, dependiendo en gran medida de subsidios provinciales.

 La urgencia del cambio normativo
El análisis concluye que la normativa jurídica de San Juan, particularmente la regulación de las Juntas Departamentales y el Código de Aguas, obstruye la posibilidad de una descentralización efectiva necesaria para un uso más eficiente del agua. Mientras la autarquía descentralizada mendocina permite la conservación del recurso al adaptar la distribución a la demanda real de los usuarios, el modelo rígido y centralizado sanjuanino, basado en una oferta fija, provoca el vaciamiento de los embalses y la sobreexplotación de acuíferos.

El CIGIAA subraya que la eficiencia en la gestión del agua en San Juan ya no es una opción técnica, sino una urgencia de supervivencia económica y social. El error fundamental ha sido creer que la solución vendrá solo de grandes obras de infraestructura o tecnificación parcelaria individual, ignorando que la tecnología sin gobernanza es estéril. Si el marco legal de San Juan continúa castigando la flexibilidad y centralizando las decisiones lejos del usuario, la inversión en riego solo acelerará el agotamiento de los acuíferos. Es imperativo avanzar hacia una descentralización operativa real donde el regante tenga poder de decisión y control sobre sus recursos y fondos, tal como lo demuestra el modelo vecino, creando un sistema más resiliente capaz de soportar la escasez sin colapsar.