Victor Garcia
Miguel Ángel Agüero, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, lanzó duras críticas contra el sector productivo y los controles oficiales, señalando que la informalidad laboral rural se ha tornado "complicada". Agüero evaluó que el año 2025 se ha presentado de una forma totalmente distinta a los años anteriores.
Disparidad salarial extrema y agresividad económica
El líder gremial denunció la "agresividad de los productores sanjuaninos" en distintos puntos de la provincia, calificándola específicamente como una "agresividad económica hacia los trabajadores".
Agüero detalló que existe una enorme disparidad entre los salarios legales y lo que realmente se paga. Mientras las resoluciones dictan sueldos de entre $47.000, 40.000y hasta 62.000 por el jornal para algunos trabajadores de San Juan, hay productores que están pagando solamente $18.000 o $20.000.
A la evasión salarial se suma el incumplimiento en el pago de beneficios básicos, como la asistencia o el presentismo al trabajo, y la falta de pago por el título primario, secundario y terciario, elementos que el secretario considera fundamentales.
Sectores y geografías con mayor informalidad
La informalidad es especialmente alta en los campos de Jáchal y Calingasta, donde no se cumplen resoluciones básicas de salarios mínimos ni se les entrega la ropa a los trabajadores.
Agüero identificó a la horticultura y la fruticultura como los sectores más complicados para lograr el registro de los trabajadores en la provincia, requiriendo estar "permanentemente encima de ellos". Sin embargo, destacó que la ganadería en Valle Fértil es la actividad que "pica en punta en informalidad".
Otros sectores con índices de no registración incluyen el cultivo de pistacho y, en época de cosecha, la olivicultura. Además, se han registrado "fuertes compulsas o audiencias de conciliación" en la Subsecretaría de Trabajo relacionadas con el sector avícola en Pocito.
El "Mito" del Plan Social
El secretario de UATRE desarticuló el argumento recurrente de los productores que atribuyen la informalidad a que los trabajadores no quieren registrarse por tener un plan social o algún beneficio. Agüero afirmó que esta es una "herramienta muy válida para el productor" porque le permite "ahorrarse mucha plata en no registrar". Esta "poesía" ha sido incorporada como propia por los empresarios para no registrar a nadie y mantener los campos llenos de gente sin registrar o trabajando "en negro".
Un mensaje de preocupación
Agüero fue crítico con el rol de las autoridades, al señalar la "pasividad del gobierno ante estas situaciones". El secretario sostuvo que el gobierno debería salir al campo "con mayor ferocidad" para la aplicación de multas, ya que el trabajador rural hoy se encuentra "totalmente desprotegido" en cuanto a fiscalizaciones y el cumplimiento de las leyes laborales.
A pesar de la falta de acción gubernamental, UATRE ha intensificado su labor: el año pasado (del 1 de enero al 31 de diciembre) realizaron 203 fiscalizaciones, un número que están superando en el año en curso. La UATRE se mantiene a la cabeza con las denuncias ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Renatre, entre otros organismos.
Finalmente, Agüero se mostró preocupado por la reforma laboral propuesta, indicando que hay aspectos que representan una "pérdida de derecho". Según su visión, la búsqueda de esta pérdida de derechos tiene como objetivo permitir la "colonización" de grandes empresas extranjeras que necesitan tener acceso a "mano de obra barata" o, incluso, lo que él denominó "mano de obra esclava".
El contexto económico también juega un papel. Aunque Agüero reconoce que la rentabilidad baja impacta a muchos productores, también vincula la situación actual con políticas de estado del gobierno nacional que considera "contraproducentes". Esto ha impactado el trabajo en San Juan, donde se ha visto ajo acordonado después de la cosecha y una siembra de hectáreas de tomate significativamente menor.
