Crisis hídrica histórica: diques en niveles críticos y un modelo de gestión “agotado” bajo la lupa

La provincia de San Juan atraviesa en el ciclo hidrológico 2025/26 uno de los escenarios más críticos registrados en su historia. Los pronósticos más recientes estiman un derrame del río San Juan de entre 531 y 614 hm³, una cifra que se sitúa por debajo de los 950 hm³ proyectados inicialmente y que representa una caída de entre el 31% y el 40% respecto al promedio de los últimos cinco ciclos. Esta situación ha llevado al sistema hídrico a una situación límite, donde la gestión de la escasez se ha vuelto el eje central de la política pública.

El riesgo inminente: diques por debajo de la cota de seguridad

Uno de los puntos más alarmantes señalados por el Sexto Informe Técnico de Coyuntura del CIGIAA es el estado del sistema de embalses en cascada, integrado por Los Caracoles, Punta Negra y Ullum. Al 25 de febrero de 2026, el sistema presentaba un déficit de 19,2 hm³ por debajo del volumen de seguridad operativa. Particularmente, el dique Ullum se encuentra operando por debajo de su cota de seguridad de 760 msnm.

Esta operación por debajo de los niveles mínimos admisibles conlleva riesgos físicos y estructurales concretos. Según el informe, trabajar en estos niveles puede provocar que los descargadores de fondo, que son elementos críticos para la seguridad de las presas, queden inutilizados debido a la acumulación de sedimentos arrastrados por crecidas repentinas durante tormentas de verano. Si estos órganos de seguridad se obstruyen, la infraestructura se vuelve insegura y existe un riesgo real de colapso de alguna de las presas.

Además del riesgo estructural, el bajo nivel de los embalses tiene consecuencias directas sobre la población. La situación actual compromete la toma de agua para potabilización de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), ubicada en el dique nivelador José Ignacio de la Roza, lo que pone en riesgo el suministro para el consumo humano.

La pérdida de reservas: el agotamiento del acuífero

La crisis no se limita al agua superficial. El CIGIAA advierte que la provincia está consumiendo su "reserva estratégica": el acuífero del Tulum. Este reservorio subterráneo depende para su recarga natural del caudal que circula por el tramo del río San Juan entre la Quebrada de Ullum y la Ruta Nacional 40, donde se produce más del 95% de la infiltración. Sin embargo, la falta de escurrimiento superficial en este tramo durante la última década ha reducido esta recarga.

Los datos son contundentes: el acuífero libre registra un descenso promedio de 3 metros por año, con zonas que superan los 10 metros anuales. En el acuífero confinado, el descenso es de 1 metro por año. Esta sobreexplotación genera un riesgo de subsidencia, que es la compactación del acuífero y la pérdida irreversible de su porosidad. Esto significa que, incluso si en el futuro hubiera más agua, el acuífero perdería de forma permanente su capacidad de almacenamiento.

A la pérdida de cantidad se suma el deterioro de la calidad. El descenso de los niveles ha provocado un incremento en la concentración de nitratos en el acuífero libre —debido a la falta de dilución y contaminación con efluentes no tratados— y un aumento de la salinidad en el acuífero confinado por la intrusión de agua de estratos superiores.

Las propuestas del CIGIAA: un cambio de paradigma

Frente a este diagnóstico, el CIGIAA sostiene que la crisis, aunque de origen climático, se profundiza por un modelo de gestión "agotado, rígido y centralizado". La eficiencia global del sistema de riego superficial actualmente no supera el 20%, cuando un sistema bien gestionado debería estar por encima del 60%. Para revertir esto, el organismo propone las siguientes claves:

1. Tránsito hacia una gestión por demanda: El cambio fundamental propuesto es abandonar el sistema basado en la oferta (distribuir lo que hay con criterios fijos) y pasar a un sistema basado en la demanda real de los cultivos y una planificación plurianual. Esto permitiría asignar el agua priorizando las tierras efectivamente productivas y brindando previsibilidad a los agricultores.
2. Descentralización y autonomía de usuarios: El informe sugiere seguir el modelo de Mendoza, otorgando autonomía financiera y operativa a las organizaciones de usuarios, como las Juntas Departamentales y Comisiones de Regantes. Esto permitiría que los propios regantes gestionen la distribución minorista y mantengan la infraestructura menor, mientras el Estado se concentra en la planificación estratégica y el control de la cuenca. Debe aclararse que este punto es cuestionado por otros sectores que indican que el modelo mendocino no es la solución, pues tiene graves problemas que no se analizan.
3. Reforma del marco normativo: Un obstáculo identificado es el artículo 127 del Código de Aguas, que prohíbe aplicar coeficientes diferenciales en la distribución. El CIGIAA considera que su reforma es una "condición necesaria" para dotar al sistema de la flexibilidad requerida para modernizarse. También se propone dotar de una autarquía real al Departamento de Hidráulica.
4. Modernización e inversión tecnológica: Las inversiones deben orientarse prioritariamente a revestir tramos críticos de canales, automatizar compuertas e instalar aforadores para medir con precisión el agua entregada. Asimismo, se propone un sistema de monitoreo de extracciones subterráneas en tiempo real y el financiamiento de programas para reconvertir el riego superficial a sistemas presurizados.
5. Caudal ecológico para la sostenibilidad: El plan contempla destinar parte del agua ahorrada mediante la eficiencia a garantizar un caudal mínimo por el lecho del río. Este caudal cumpliría la función vital de recargar el acuífero del Tulum y sostener los humedales de la cuenca baja, frenando la desertización en el secano.

Un plan de acción integral

Para el corto plazo, el CIGIAA recomienda establecer una mesa de diálogo técnico entre el gobierno, regantes e instituciones científicas para acordar la distribución de la escasez con criterios de equidad y transparencia. A mediano plazo, se requiere una evaluación profunda del marco normativo y, a largo plazo, la ejecución de un plan de inversiones plurianual con control social.

El informe concluye que la situación actual es el resultado de décadas de sequía estructural combinadas con una gestión ineficiente. La propuesta técnica busca construir un sistema que garantice la sostenibilidad del recurso para las futuras generaciones, evitando que la infraestructura de presas se convierta en un "testigo impotente" de la crisis.