Victor Garcia
La última reunión donde estuvo el Consejo de Hidráulica, Juntas de Riego y regantes
Desde la semana pasada se viene tensando la relación entre los regantes y el Gobierno de la provincia. Los productores llegaron a la reunión del Consejo de Hidráulica, realizada este martes, con una postura cerrada: solicitaron 700 hectómetros cúbicos para el riego agrícola con el objetivo de extender la temporada hasta septiembre.
Un grupo de regantes planteó este pedido al inicio del encuentro, en el que también participaron otros representantes del sector, y luego se retiró sin dejar espacio para una posible negociación.
Sin embargo, las condiciones hídricas y el volumen disponible de agua —según sostiene el Gobierno— no permiten satisfacer esa demanda. Los productores se aferran a declaraciones previas del ministro de Producción, quien antes del ajuste del pronóstico de riego 2025/26 había señalado que los 700 hectómetros cúbicos estarían garantizados para el agro.
Pero el escenario cambió. Las condiciones climáticas redujeron el volumen disponible y las estimaciones oficiales indicaron que no podían destinarse al sector más de 630 hectómetros cúbicos. Con gestiones y decisiones técnicas de otros organismos vinculados a la gestión del agua, finalmente ese volumen se elevó a 650 hectómetros cúbicos, volumen que no aceptaron los regantes.
Si bien el argumento de algunos productores tiene lógica —ya que planificaron la temporada agrícola tomando como referencia los 700 hectómetros anunciados—, lo cierto es que el río San Juan derramó mucho menos de lo previsto, incluso por debajo del límite inferior del pronóstico de riego ajustado, que se ubica en 531 hectómetros cúbicos.
De acuerdo con la información oficial, desde octubre hasta fines de febrero se entregaron al sector agrícola 411 hectómetros cúbicos, además de otros 20 destinados al consumo humano. Sin embargo, en ese mismo período el río derramó apenas 308 hectómetros cúbicos. La diferencia fue cubierta utilizando reservas acumuladas en los diques.
Los datos técnicos aportados por el Gobierno sostienen que, si se entregara el volumen de agua solicitado por los regantes, los diques deberían operar por debajo de los niveles de seguridad establecidos para preservar las presas, fijados en 560 hectómetros cúbicos. Esto obligaría a utilizar los desagotadores de fondo, con el riesgo de que estas estructuras se embanquen y queden inutilizadas.
A esto se suma otro factor: a menor volumen de agua almacenada, mayor es la turbidez, lo que complica el tratamiento del recurso destinado al consumo humano que realiza Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
En este contexto, las posiciones se encuentran cada vez más distantes y el acercamiento parece difícil. Quienes exigen los 700 hectómetros cúbicos —principalmente viñateros— convocaron para este jueves a una manifestación frente a la Casa de Gobierno a través de las redes sociales. Fuentes consultadas indicaron que en la noche del miércoles hubo una reunión de productores donde las posiciones fueron bastante disímiles.
Tensiones con los consejeros regantes
La discusión sobre el volumen de agua destinado al agro también se fue dilatando por la propia dinámica del Consejo de Hidráulica. El viernes pasado se convocó a una reunión extraordinaria a la que los consejeros regantes no asistieron. El encuentro se reprogramó para el lunes, pero nuevamente no concurrieron.
Recién este martes se presentaron en el seno del Consejo, aunque tampoco se alcanzó un acuerdo, ya que no se votó el tema que motivaba la convocatoria, que era el volumen de agua a distribuir en el campo.
Este escenario generó un clima de tensión que dio tiempo a movilizar a las bases, especialmente entre los viñateros, el sector que presenta los índices más bajos de eficiencia en el uso del agua debido al predominio del riego a manto. Durante estos días se realizaron reuniones y se convocó a la manifestación frente a la Casa de Gobierno.
La Ley 13-A y la necesidad de una actualización
La Ley 13-A, sancionada en 1942, establece la constitución del Consejo de Hidráulica. En ese momento se definió que el organismo estaría integrado por el director de Hidráulica, dos consejeros por parte del Estado —un ingeniero civil y un ingeniero agrónomo— y tres representantes de los regantes.
Históricamente, esos consejeros regantes pertenecieron al sector vitivinícola, lo que en muchos casos llevó a que los programas de corte de agua de riego y los volúmenes de agua que se entregaban se definieran en función de las necesidades de esa actividad.
Otros sectores productivos sostienen que esto derivó en una suerte de monopolización de las decisiones dentro del Consejo. De hecho, chacareros, semilleros y productores de otros rubros señalaron en la última reunión que están dispuestos a regar con el volumen de agua disponible, pero reclamaron que se tomen decisiones urgentes, en contraste con la postura de algunos viñateros que abandonaron el encuentro al no obtener el volumen solicitado.
La realidad muestra que actualmente el Consejo de Hidráulica y la mayoría de los presidentes de las Juntas de Riego pertenecen al sector vitivinícola. Este depende en gran medida del agua superficial de los diques y enfrenta, además, un problema estructural: más del 75% de los viñedos aún utiliza riego a manto.
Ante este escenario, surgen interrogantes que empiezan a instalarse en el debate público: ¿no será el momento de ampliar el número de consejeros que representan a los usuarios del agua? ¿No deberían involucrarse también otros sectores productivos, como los semilleros o los productores hortícolas, en la administración del recurso?
Incluso hay quienes plantean que el Consejo de Hidráulica sigue estando fuertemente concentrado en el agro, cuando más del 75% del agua se destina a ese sector. Pero también surge otra pregunta: ¿no debería haber consejeros que representen a los consumidores?
Este planteo cobra fuerza si se considera que una decisión como la entrega de 700 hectómetros cúbicos podría poner en riesgo el abastecimiento de agua para consumo humano.
En definitiva, hay un debate de fondo que pocos se animan a abordar. La Ley 13-A establece cómo debe conformarse el Consejo de Hidráulica, pero se trata de una norma sancionada hace más de 80 años. Desde entonces, la provincia cambió profundamente.
No se trata necesariamente de que la ley haya quedado obsoleta, sino de que requiere una actualización que permita reflejar la nueva realidad productiva y social de San Juan, evitando que el sistema termine favoreciendo a un sector en detrimento de otros.
