Victor Garcia
En un contexto donde los costos energéticos se han convertido en una de las principales preocupaciones del sector agroindustrial, San Juan dio un paso concreto hacia la implementación de un esquema de alivio fiscal destinado a los sistemas de riego agrícola. La medida, enmarcada en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, contempla la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la provisión de energía eléctrica utilizada en equipos de riego, con el objetivo de impactar en la estructura de costos de los productores.
Para avanzar en su aplicación efectiva, el Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) llevó adelante una sesión de trabajo técnico junto a autoridades del Ministerio de Producción —a través de las Secretarías de Agricultura y Ganadería, y de Industria, Comercio y Servicios—, y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, mediante la Dirección de Recursos Energéticos. Del encuentro también participaron representantes de cámaras agroindustriales, quienes forman parte del proceso de articulación para garantizar la operatividad de la medida.
Uno de los ejes centrales del trabajo es la definición de protocolos de validación ágiles que permitan trasladar de manera inmediata el beneficio fiscal al usuario final. En ese sentido, se busca eliminar trabas administrativas y evitar demoras burocráticas que históricamente han dificultado la implementación de este tipo de incentivos. La premisa es clara: que la reducción del IVA se refleje de forma directa en el costo de la energía que pagan los productores.
Desde el EPRE señalaron que el organismo tendrá un rol clave en la instrumentación del beneficio, ya que será el encargado de instruir y supervisar a las distribuidoras eléctricas para que adecuen sus sistemas de facturación. El objetivo es que la rebaja impositiva sea visible, transparente y auditable en cada suministro eléctrico destinado al riego agrícola, garantizando así su correcta aplicación.
La medida responde a una necesidad estructural del sector agroindustrial, especialmente en provincias como San Juan, donde el riego artificial es indispensable para la producción. En este escenario, el componente energético representa un porcentaje significativo de los costos operativos, por lo que cualquier reducción impacta directamente en la competitividad de las economías regionales.
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca no solo aliviar la carga fiscal sobre los productores, sino también fomentar la inversión y la eficiencia en el uso del recurso hídrico, en un contexto de creciente presión sobre el agua y la energía. La implementación efectiva del beneficio será clave para determinar su alcance real y su impacto en el entramado productivo local.
