La sentencia, que responsabiliza a Marcelo Bocardo, a su empresa EcoGreen International LLC y a Jugos Australes S.A., no sólo marca un precedente judicial con impacto en el caso Fecovita, sino que además establece que los fondos recuperados serán destinados a una fundación para obras de bien público.
INDUSTRIA Y COMERCIO28/10/2025
Victor Garcia
La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza confirmó una resolución que sienta un precedente jurídico contundente en el ámbito empresario vitivinícola. El tribunal ratificó el laudo arbitral que pone fin al extenso litigio entre Iberte y EcoGreen International LLC, propiedad de Marcelo Bocardo, determinando una condena a Jugos Australes S.A. por más de U$S 16.000.000.
Según el fallo, los demandados deberán resarcir a Iberte por el incumplimiento contractual que se produjo al no entregar el mosto concentrado acordado, pese a haber recibido el pago correspondiente. El tribunal consideró que la falta de cumplimiento fue “esencial y sistemática”, dejando en claro que Iberte no actuó como un mero inversor especulativo, sino como una contraparte legítima que cumplió con todas sus obligaciones y fue privada del producto comprometido.
El abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, celebró la decisión judicial destacando que “la justicia mendocina envía un mensaje claro: cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático configura más que una mera mora; la responsabilidad puede alcanzar al deudor principal, a los garantes y a quienes se benefician de la estructura societaria que rodea el contrato”.
Fondos con un propósito
Uno de los aspectos más significativos de este fallo es el destino que tendrán los fondos que Iberte logre recuperar. Tal como había sido anticipado por Juan José Retamero, apoderado de la firma, todo lo que se obtenga de los juicios por recupero de sumas abonadas sin contraprestación será destinado a una fundación orientada a proyectos de bien público.
Esto incluye las causas vinculadas con Fraccionadora San Juan, Jugos Australes, Bodegas Galán y Fecovita. En consecuencia, los U$S 16.000.000 que deberán abonar Bocardo y sus empresas pasarán a formar parte de un fondo solidario administrado con fines comunitarios.
Según se adelantó, la iniciativa busca canalizar estos recursos hacia obras de impacto social, especialmente en áreas como educación, infraestructura y desarrollo local, reafirmando el compromiso de Iberte con la responsabilidad social empresarial y la reparación moral frente a maniobras comerciales que afectaron no solo su patrimonio, sino también la confianza en el sector vitivinícola argentino.
“Esta decisión judicial no sólo corrige un daño económico, sino que transforma una pérdida en una oportunidad de bien público. Es una manera de dar un cierre ético y socialmente útil a un caso que mostró los límites de la impunidad empresaria”, señaló Aguinaga.
Responsabilidad solidaria y garantía prendaria
La Cámara también resolvió imponer una garantía prendaria sobre las acciones de Marcelo Bocardo, reforzando la dimensión personal de su responsabilidad y confirmando que los incumplimientos no pueden disolverse detrás de estructuras societarias.
El fallo destaca que EcoGreen, Jugos Australes y su titular actuaron de manera coordinada, configurando un incumplimiento contractual con perjuicio directo para Iberte. El monto inicial de U$S 12.195.750 fue actualizado con los intereses devengados, superando actualmente los U$S 16 millones.
El propio Aguinaga subrayó: “Bocardo y sus sociedades quedan señalados como responsables del perjuicio ocasionado a Iberte, y deberán pagar una suma que supera los 16 millones de dólares. La Justicia ha confirmado que el incumplimiento fue total y deliberado”.
Un fallo que marca precedente para Fecovita
El caso Bocardo-Jugos Australes tiene una lectura que trasciende el litigio individual. Según los especialistas en derecho comercial, esta resolución marca un precedente directo en la causa que enfrenta a Iberte con Fecovita, una de las cooperativas más grandes de la Argentina.
En ese expediente, Iberte denunció que fue inducida a constituir la sociedad EVISA, aportando más de U$S 30.000.000, bajo un esquema que —según la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza— implicó engaño, abuso de confianza, simulación de aportes e incumplimiento en la entrega de vino, mosto y participaciones societarias.
Los directivos Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, junto con miembros de la Mesa Directiva y de la sindicatura de Fecovita, están imputados por estafa y balance falso, delitos que guardan similitudes jurídicas con los atribuidos a Bocardo.
“La analogía con el caso Bocardo no es casual”, explicó Aguinaga. “En ambos casos se observa el mismo patrón: un contratante que aporta recursos y no recibe lo pactado; estructuras empresariales utilizadas como pantalla y daños que se traducen en perjuicio directo a la parte inversora”.
Cierre judicial y causa penal pendiente
La sentencia de la Cámara no agota las implicancias del caso. Según confirmó Aguinaga, la causa penal contra Marcelo Bocardo —ya elevada a juicio— continúa su curso y esta resolución civil refuerza la acreditación del daño y la existencia del incumplimiento contractual doloso.
De esta manera, el proceso judicial se encamina hacia un desenlace que combina reparación económica, sanción penal y destino social de los fondos recuperados, estableciendo un triple impacto: jurídico, moral y comunitario.
En definitiva, la Justicia mendocina no solo ratificó la responsabilidad de Bocardo y sus empresas, sino que también transformó una disputa comercial en una oportunidad de restituir valor a la sociedad. Los millones que alguna vez simbolizaron un perjuicio económico hoy se proyectan como instrumentos para el bien común, marcando un paso en la historia reciente del derecho empresarial argentino.
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