Victor Garcia
Desde hace un tiempo, la empresa está envuelta en una ola de rumores que se intensificaron luego del cierre que tiene Tía Maruca en Chascomús. Oficialmente, dijeron que iban a concentrar toda la producción en la provincia, pero desde adentro de la empresa los trabajadores dicen que tendrían deudas importantes y que no les estárían cumpliendo con lo laboral.
Muchas empresas que destinan sus productos al mercado interno, por la baja en el consumo, están pagando las consecuencias. Es que la demanda de productos bajó y, a lo largo de la industria nacional, se reflejan serios problemas, donde la competencia por el mercado se hace cada vez más difícil. Productos importados y productores que tienen sus plantas más cerca de los grandes centros de consumo están en mejores condiciones que los que se hacen a más de mil kilómetros de Buenos Aires, y este es el caso de la fábrica de galletitas que opera la empresa Argensun, luego de que la adquirió a Tía Maruca.
Medios provinciales publicaron declaraciones del juez en lo Comercial, Javier Vázquez, quien recordó que la sociedad Dilexis está concursada —esta es la primera dueña de la fábrica de galletitas—, pero que estaría cumpliendo con los pagos de las deudas concursadas. Estas son las que están antes de cuando se suscribió esta acción legal. A su vez, el magistrado afirmó que, si hay una persona o proveedor que se vea perjudicado por la empresa, tiene el derecho de pedir la quiebra, cosa que se evaluará y se otorgará si corresponde.
Sin embargo, los rumores no están dados por las deudas que la empresa tiene hacia atrás, sino que surgen sobre la situación presente. A través de los medios de comunicación, constantemente salen reclamos de que no les estarían cumpliendo en tiempo y forma con los pagos y que las deudas por cada uno de los trabajadores son altas. Desde la empresa, en algún momento dieron algunas explicaciones, diciendo, entre otras cosas, que todo sería por cuestiones gremiales y que se está cumpliendo. Pero el adelanto de vacaciones a los empleados llevó a que nuevamente el caldo de cultivo del temor y la incertidumbre crezca. Está claro que la medida se tomó por la baja en el consumo y porque la empresa tendría un sobrestock. Inclusive, fuentes relacionadas con el Gobierno también atribuyen este fogoneo contra la empresa a cuestiones políticas, en un marco preelectoral que está bastante caliente.
De todos modos, la situación en torno a la empresa, si se la quiere calificar, sería al menos “rara”. Fuentes consultadas de los trabajadores dijeron que “durante esta semana estuvieron en el predio unas personas que recorrieron toda la empresa, inclusive hicieron una inspección en el exterior de la planta”, lo que llama la atención de más de uno. Los rumores que circularon a raíz de esta visita son tres: 1) serían inversionistas, 2) se van a llevar alguna máquina de la planta y 3) el peor desenlace, hablan del cierre de la planta.
A todo esto se le suma el reclamo que tendrían los operarios de la planta por retrasos significativos en los pagos, algo que se repite desde el mes de agosto, como mínimo, y que sigue vigente semana tras semana.
Las deudas salariales en ningún momento fueron confirmadas oficialmente; al contrario, dicen que estarían cumpliendo con lo acordado. Pero los datos que llegan a los medios de comunicación indican que, a la fecha, la empresa estaría adeudando la primera quincena de septiembre, por un monto de alrededor de 660 mil pesos por trabajador, y que la primera quincena la cancelaron esta semana. En tanto, les estarían debiendo otros 660 mil pesos por la primera quincena de octubre, lo que, sumando ambas quincenas, sería un poco más de 1,3 millones de pesos por empleado. También la información que sale desde la misma empresa es que no estarían cumpliendo con el pago de la obra social y que estarían suspendidas.
Es claro que la industria en general tiene problemas para operar en un contexto económico hostil para el crecimiento, más si los productos los destinan al mercado interno. Pero, más allá de esta realidad, también está la de los trabajadores, que con pagos atrasados no pueden asegurar las necesidades mínimas a sus familias. Esto no solo genera incertidumbre sobre la continuidad laboral, sino que afecta directamente a la economía doméstica en torno a la empresa.
