San Juan, la capital del RIGI

San Juan se posiciona como epicentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al concentrar la mayor cantidad de proyectos y comprometer inversiones por más de 26.000 millones de dólares.

MINERÍA23/08/2025 Raúl Horacio Moreno
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El RIGI debe ser la base de desarrollo de San Juan

 El Decreto 749/2024 establece la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de la Ley N° 27.742, con el objetivo de promover el desarrollo económico y atraer inversiones significativas a Argentina.

 El RIGI, lanzado el 22 de agosto de 2024, tiene como objetivo incentivar proyectos que demanden un mínimo de USD 200 millones y se pueden presentar proyectos de inversión hasta el 8 de julio de 2026.

 San Juan se adhirió al régimen normativo mediante la ley provincial 2.671-I, que fue publicada en el Boletín Oficial y que en otro artículo invita a los Municipios de la Provincia a adherir también a la ley.

 Los objetivos son, por un lado, generar un marco favorable para inversiones en sectores clave como la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. También, proporcionar condiciones de predictibilidad y competitividad para mejorar el entorno de inversión en el país.

 En agosto de 2025, San Juan se convirtió en la capital del RIGI, con un total de cuatro proyectos presentados es la provincia que más proyectos ha presentado y la que tiene el mayor monto de inversión comprometida con 11.127 millones de dólares, un 38,2% del total de las inversiones comprometidas en el Régimen.

 Si bien en San Juan ya se han presentado cuatro proyectos, todavía se espera la presentación del proyecto más grande que ha prometido el proyecto Vicuña por unos 15.000 millones de dólares.

 Sumando los montos de los proyectos presentados y del proyecto por presentar estamos hablando de un total de más de 26.000 millones de dólares que serán volcados en los próximos años a adquirir bienes y servicios en San Juan.

 De este monto, el mismo régimen aclara que, el 40% de la inversión debe ejecutarse en los primeros dos años del proyecto. El Poder Ejecutivo podría reducir esta exigencia, pero no por debajo del 20%.

 Evidentemente, muchos de estos bienes y servicios serán proveídos por empresas sanjuaninas y otros por empresas foráneas nacionales y hasta internacionales.

 Si bien hay un proyecto de ley impulsado por el sector de empresas proveedoras mineras, todavía no ha sido aprobado y ya tiene algunas críticas.

 Es que el proyecto de ley no contempla situaciones especiales y deja abierta la puerta a interpretaciones que se pueden apartar del espíritu de la ley.

 Todos los sanjuaninos estamos muy “comprados” en riesgo sanjuanino. La mayoría de los sanjuaninos tenemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros clientes en San Juan y también tal vez el futuro de nuestros hijos.

 Por ello, y dada la importancia histórica de las inversiones previstas, deberíamos comprometernos sin distinguir banderas políticas en el único interés de que estas inversiones se lleven adelante y derramen la mayor parte de sus beneficios en la comunidad sanjuanina.

 Si observamos el gráfico siguiente donde comparamos el producto bruto geográfico per cápita, San Juan se encuentra entre las provincias de menor PBG per cápita, arriba se encuentran las provincias de la Pampa Húmeda y mucho más arriba se encuentran las provincias patagónicas y por último C.A.B.A.

 Observando el gráfico más atentamente, se destaca el crecimiento de Neuquén a partir del año 2019, por el efecto de la producción de Vaca Muerta. Algo similar podría pasar en San Juan a partir de las inversiones mencionadas. Podría despegarse del último pelotón y destacarse sobre las provincias con mayores ingresos.

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 En una charla llevada a cabo esta semana en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se identificó la necesidad de asegurar una continuidad y confiabilidad política y regulatoria, para que las inversiones fluyan y no tengamos la mala experiencia de que los proyectos son abandonados como ya pasó con el ambicioso proyecto Pascua-Lama o con la empresa Vale en la provincia de Mendoza.

 Los proyectos adheridos al RIGI gozan de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Los beneficios no pueden ser afectados por derogaciones ni por la creación de normativas más gravosas o restrictivas.

 Desafíos
Es fundamental y urgente que todos los actores políticos y económicos de la sociedad estemos alertas para brindar un mínimo de seguridad jurídica que comprenda una serie bastante amplia de factores legales, tributarios y sociales.

Las principales críticas a este régimen se centraron en que dejaba de lado a las pequeñas inversiones, por eso se intentó debatir más tarde un RIGI para las pequeñas y medianas empresas que todavía no ha tenido aprobación.

 Además, hay cierta demora en las aprobaciones, ninguno de los proyectos de minería presentados para adherir al RIGI fueron aprobados, ya que la aprobación depende de 16 secretarías y subsecretarías.

 Si bien las empresas valoran el cambio de tono y la previsibilidad macro que propone el actual Gobierno, persiste una distancia entre las promesas y las concreciones que es importante reducir con acciones palpables.

Especial para San Juan Produce

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