El robo de agua en San Juan: una problemática que crece en medio de la crisis hídrica

La crisis hídrica que atraviesa San Juan sumó un nuevo capítulo de tensión con las denuncias de productores del departamento San Martín, quienes expusieron en redes sociales un hecho de robo de agua de riego ocurrido durante la noche del miércoles 24 de septiembre. Según los testimonios, la maniobra se registró de manera simultánea en un canal de San Martín y en el canal general que abastece a Caucete.

La situación fue alertada por los propios regantes a través de un grupo de WhatsApp y dejó en evidencia una práctica que, lejos de ser aislada, amenaza con repetirse en un contexto de sequía prolongada y reducción de caudales.

El mecanismo del robo
En San Martín, el episodio ocurrió en el Canal Tercero, Compuerta 10, en la intersección de Calle Divisoria y Mitre. Allí, un productor fue descubierto utilizando un método habitual para apropiarse del recurso: levantar la compuerta que debía permanecer cerrada, desviando el agua hacia una finca sin turno de riego. Los regantes documentaron la maniobra y actualmente circula un video entre los grupos de productores de la zona.

En paralelo, usuarios de Caucete reportaron la apertura irregular de una compuerta hasta cinco veces más de lo permitido, aunque esa denuncia no pudo ser constatada oficialmente.

De acuerdo a lo que trascendió, siempre por audios y mensajes en las redes sociales, entre otros, se involucra a referente viñatero del departamento de San Martín, en esta práctica ilegal de utilización del agua de riego. Lo denunciado por las redes sociales es uno de los casos que ocurre en la provincia.

Inclusive en el pasado hubo acciones violentas de productores que recurriendo a armas de fuego hirieron a los ladrones de agua, cosa que se debe evitar a toda costa.

Video que circula en las redes sociales sobre el robo de agua y la constatación de los productores

Marco legal y sanciones
El robo de agua no es una falta menor. La Ley Nº 941-R del Código de Faltas de San Juan prevé sanciones que van desde multas económicas y trabajos de utilidad pública hasta arresto de cinco días. Además, el artículo 182º del Código Penal de la provincia establece penas de prisión de quince días a un año para quien extraiga agua de manera ilícita con el fin de perjudicar a otro.

En casos graves, la sanción puede llegar a dos años de cárcel si el hecho incluye la rotura o alteración de diques, esclusas o compuertas. El Departamento de Hidráulica, por su parte, puede aplicar multas administrativas y suspender el turno de riego a los responsables.

Sin embargo, las sanciones que se aplican no tienen un peso punitorio, pues la ley vigente establece penas excarcelables, por lo que el que roba agua, puede ser atrapado en el hecho, pero recobra la libertad. Es por ello, que hay sectores que estiman que una de las formas de desincentivar este tipo de práctica es la aplicación de multas que tengan un fuerte valor económico.  

Una problemática estructural
Desde las juntas de riego se reconoce que este tipo de conflictos son el reflejo de una situación más profunda. La falta de agua, el impacto del cambio climático y la persistencia de métodos de riego obsoletos han generado un escenario de alta vulnerabilidad para los productores.

“Estamos peleando por un bien que no tenemos, el agua”, fue la advertencia lanzada desde el sector, recordando que el histórico Valle de Tulún, alimentado por el Río San Juan, ya no cuenta con el caudal de otras épocas.