Victor Garcia
Ejecutivos de Vicuña junto al gobernador Orrego y al ministro Perea suscriben el acuerdo
El Gobierno de San Juan y Vicuña dieron un paso estratégico para el futuro económico de la provincia con la firma de un acuerdo que contempla el adelanto de US$250 millones para financiar infraestructura pública, varios años antes del inicio de la etapa productiva del proyecto minero. El convenio fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y representantes de la compañía, entre ellos su director ejecutivo, Ron Hochstein, y el country director, José Morea.
El entendimiento establece un marco de largo plazo para el desarrollo del Proyecto Vicuña, busca otorgar previsibilidad a las inversiones y, al mismo tiempo, fija mecanismos para que una parte de los beneficios económicos asociados al emprendimiento puedan transformarse en obras destinadas al conjunto de San Juan. El acuerdo todavía deberá ser remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento y ratificación mediante una ley provincial.
US$250 millones que llegarán antes de la producción
Según el acuerdo, se trata de fondos fijos, no reembolsables y no compensables. Esto significa que el aporte no se plantea como un adelanto de regalías futuras ni como un crédito que deba ser devuelto por la Provincia, sino como un mecanismo específico para financiar obras estratégicas.
La característica más relevante es el momento en que se produce el desembolso. El aporte se concretará antes del inicio de la explotación minera, permitiendo que San Juan disponga de recursos para infraestructura sin tener que esperar a que el proyecto alcance su etapa de producción. La previsión oficial es que el pago anticipado se complete hacia finales del cuarto trimestre de 2026, aunque el convenio primero deberá obtener la aprobación legislativa correspondiente.
¿En qué se utilizará el dinero?
La infraestructura financiada podrá potenciar diferentes sectores de la economía provincial, entre ellos el productivo, agroindustrial, energético y turístico, de acuerdo con el alcance establecido por el Gobierno provincial.
Este punto transforma al convenio en algo que excede la relación entre una empresa minera y el Estado. La apuesta oficial consiste en utilizar parte de los recursos vinculados al desarrollo de Vicuña para resolver necesidades estructurales que pueden favorecer a otras actividades económicas y mejorar las condiciones para la generación de empleo.
En ese sentido, la infraestructura aparece como uno de los principales canales mediante los cuales la inversión minera puede derramarse hacia el resto de la economía.
Un fideicomiso para administrar los recursos
El esquema busca garantizar transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos. Según lo informado por el Gobierno, los fondos serán administrados, auditados y ejecutados exclusivamente por el Estado provincial, mediante los mecanismos previstos en la normativa de contratación pública.
El fideicomiso también tendrá una importancia futura, porque no estará limitado al aporte inicial de US$250 millones. El convenio contempla una fuente adicional de financiamiento vinculada directamente con la evolución de la actividad del proyecto.
El 1,5% de las ventas brutas: una fuente permanente
Este aporte comenzará a pagarse a partir del sexto año de operaciones y generará una fuente anual de recursos destinada a infraestructura y otras iniciativas, independientemente de las regalías que la provincia perciba cada año.
La diferencia con los US$250 millones es fundamental: mientras el aporte inicial representa una inyección anticipada de fondos para obras, el 1,5% funcionará posteriormente como un flujo de recursos asociado al desempeño comercial del proyecto.
De esta manera, el convenio combina un desembolso inmediato con un mecanismo de financiamiento que tendrá continuidad durante la etapa productiva.
Regalías del 3% durante toda la vida del proyecto
En términos prácticos, el convenio ratifica el régimen de regalías mineras vigente y establece que el cobro del 3% sobre el valor bruto de facturación comenzará desde el inicio formal de la explotación.
Por lo tanto, la provincia tendrá dos mecanismos diferenciados de ingresos asociados al proyecto: por un lado, las regalías y, por otro, la contribución del 1,5% sobre las ventas brutas que comenzará a partir del sexto año de operaciones.
Fin de una controversia administrativa iniciada en 2022
El acuerdo busca consolidar en un único mecanismo contractual las obligaciones financieras previstas en la DIA, otorgando mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto.
Para una inversión de la magnitud de Vicuña, este aspecto es determinante. La empresa obtiene mayor certeza sobre las obligaciones que deberá afrontar y la Provincia consigue establecer un esquema definido para canalizar recursos hacia infraestructura.
Además, el Gobierno provincial se compromete a no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la establecida en la DIA por conceptos vinculados al proyecto. El acuerdo plantea así que el marco establecido representa la obligación definitiva y final derivada de esa declaración.
Vicuña financiará obras necesarias para la operación
Entre las obras mencionadas se encuentran la construcción de la línea eléctrica y del Corredor Norte, tramo vial que permitirá conectar Angualasto con el emprendimiento minero. Estas obras serán financiadas con recursos propios de Vicuña.
La distinción es importante: mientras los US$250 millones estarán destinados a infraestructura pública provincial, estas obras específicas forman parte de las necesidades propias de la operación minera y serán asumidas directamente por la compañía.
El impacto esperado sobre la economía y el empleo
El comunicado de la compañía señala que Vicuña continuará trabajando con el Gobierno y distintos actores para impulsar iniciativas vinculadas con el crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para acompañar la expansión de la minería provincial.
En ese escenario, los US$250 millones adquieren una relevancia que va más allá de la cifra. La discusión pasa por cómo esos recursos pueden traducirse en infraestructura que permita generar nuevas condiciones para producir, invertir y trabajar en San Juan.
El desafío será definir las prioridades y ejecutar las obras de manera que el impacto alcance al mayor número posible de actividades y departamentos.
Más de un año y medio de negociaciones
Luego continuaron en diferentes encuentros desarrollados en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.
La extensión del proceso refleja la complejidad de establecer un marco que contemple simultáneamente las necesidades de una inversión minera de largo plazo y los intereses económicos de la Provincia.
Un acuerdo que todavía debe transformarse en ley
La aprobación legislativa será, por lo tanto, la instancia que permitirá consolidar formalmente el esquema acordado entre el Estado provincial y Vicuña.
La propia compañía definió el entendimiento como la primera etapa de un proceso que continuará abordando otros aspectos vinculados con el desarrollo del proyecto.
Un nuevo modelo de relación entre minería y Provincia
Los US$250 millones representan el componente inmediato. El 3% de regalías establece el mecanismo de participación provincial durante la explotación, mientras que el 1,5% de las ventas brutas agrega una fuente adicional de financiamiento desde el sexto año de operaciones. A esto se suman las obras que Vicuña realizará con recursos propios para sostener la infraestructura necesaria para su actividad.
La expectativa oficial es que este conjunto de herramientas permita que la minería funcione como un motor para otras ramas de la economía provincial. El objetivo final es que la inversión se traduzca en infraestructura, actividad económica, proveedores locales y empleo, generando condiciones que permanezcan en San Juan más allá de una obra o de una etapa específica del proyecto.
Así, el acuerdo entre San Juan y Vicuña no sólo busca ordenar las obligaciones económicas vinculadas a la Declaración de Impacto Ambiental. También intenta establecer las reglas bajo las cuales una inversión minera de largo plazo puede integrarse al desarrollo general de la provincia, con recursos anticipados para infraestructura y mecanismos de financiamiento que continuarán durante la vida productiva del proyecto.
