Victor Garcia
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) se pronunció a favor del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), calificándolo como una oportunidad histórica para fortalecer la protección ambiental sobre bases jurídicas más claras y previsibles. Según la institución, la sanción legislativa de este proyecto es imprescindible para superar las ambigüedades del régimen actual y brindar certidumbre tanto a las autoridades como a las inversiones productivas.
Superar la incertidumbre jurídica
Para el IADEM, la normativa vigente presenta un grado significativo de imprecisión e indefinición en sus conceptos básicos. Esta falta de claridad ha generado interpretaciones dispares y escenarios de incertidumbre jurídica que afectan la aplicación uniforme de la ley.
• Precisión conceptual: El proyecto busca dotar al sistema de una mayor precisión para beneficiar la tutela de los glaciares.
• Seguridad para la inversión: La claridad en las normas es fundamental para generar la confianza necesaria en el desarrollo de inversiones de largo plazo.
• Eficacia ambiental: Una protección efectiva no puede basarse en normas ambiguas, sino en preceptos claros y precisos.
El fortalecimiento del federalismo ambiental
Uno de los pilares del posicionamiento del IADEM es la necesidad de armonizar las competencias nacionales y provinciales. El instituto subraya que, si bien el Congreso Nacional dicta presupuestos mínimos de protección (Art. 41 de la Constitución), las provincias son las titulares del dominio originario de sus recursos naturales (Art. 124).
El proyecto de adecuación es visto como un acierto porque contempla la participación activa de las provincias, permitiendo que la regulación nacional se complemente con el conocimiento técnico y territorial de las autoridades locales. Esta articulación entre Nación y provincias es lo que la Corte Suprema de Justicia ha denominado "federalismo de concertación".
Protección y desarrollo: un objetivo común
El IADEM sostiene firmemente que la adecuación legislativa no implica una disminución de los niveles de protección ambiental. Por el contrario, se busca un equilibrio donde la tutela de los glaciares y geoformas periglaciares —consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos— sea coherente con un desarrollo ambientalmente sostenible.
En conclusión, el instituto afirma que las normas claras y consensuadas no debilitan el cuidado del entorno, sino que lo fortalecen al permitir una explotación racional de los recursos conforme al interés general.
