
Del desarrollo territorial a la economía de enclave: El retroceso de los proveedores locales ante la flexibilización del RIGI
Victor Garcia
La promulgación del Decreto 1366/2026 por parte del Poder Ejecutivo Nacional encendíó las alarmas en el entramado productivo de las provincias mineras de Argentina. Bajo el argumento de acelerar la llegada de capitales a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la modificación a la reglamentación original altera de manera sustancial las condiciones de participación para la industria y las pymes proveedoras locales. Al sustituir la exigencia de control societario y radicación efectiva por un mero criterio de domicilio administrativo, la norma abre de par en par las puertas a multinacionales y grandes proveedores internacionales constituidos formalmente como filiales domésticas. Este cambio desvirtúa el espíritu del cupo del 20% de compre local previsto por la ley nacional, amenazando con reducir la actividad minera a un esquema puramente extractivo y sin arraigo territorial.
La flexibilización reglamentaria: del compre nacional a la redefinición administrativa
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones fue aprobado por el Congreso de la Nación tras intensos debates legislativos, estableciendo como una de sus salvaguardas centrales que los proyectos promovidos destinen al menos un 20% de su monto total de inversión a la contratación de proveedores locales. Sin embargo, la publicación del Decreto 1366/2026 por parte del Ejecutivo Nacional redefinió de manera unilateral el concepto de "proveedor local", modificando sustancialmente el alcance de esa exigencia legal.
A partir de la nueva reglamentación, se considera proveedor local a cualquier persona jurídica constituida y domiciliada en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas, la residencia de su directorio o la composición de su capital social. En el caso de los bienes, la norma remite a los criterios de origen nacional previstos en el Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del MERCOSUR, delegando la metodología operacional en la Autoridad de Aplicación.
Tal como analiza el Instituto Consenso Federal a través de su director Alejandro "Topo" Rodríguez, este giro normativo implica que una compañía de capitales extranjeros que constituya una sociedad en Argentina para fabricar o importar equipos destinados a un proyecto minero computará formalmente como proveedor local. En la práctica, esto destruye la garantía de que el requisito del 20% beneficie a pymes controladas por capitales radicados en el país o a las comunidades de las zonas de influencia directa.
La medida adoptada por el Ministerio de Economía desoyó además los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad que venía solicitando que el cupo del 20% se aplicara de manera específica a bienes industriales de origen nacional y que se implementara un esquema de integración progresiva que incrementara la oferta local a medida que los proyectos avanzaran.
La evidencia del impacto negativo de esta flexibilización ya registra antecedentes concretos en San Juan. En el proyecto minero Vicuña, el anuncio de la importación desde China de una ciudad modular completa para alojar a los trabajadores mineros —que abarca 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero listas para armar— expuso los riesgos del esquema actual. Según los números de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada, fabricar dicho campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos; bajo la modalidad importada, la ocupación local quedó reducida a apenas unos 50 puestos vinculados a tareas de montaje y logística.
La postura de CASEMICA: la ruptura de los anillos de localía y la desigualdad pyme
La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA), bajo la conducción de su presidente José Adolfo Ibaceta y su secretario Alfredo Amin, manifestó un rechazo categórico al Decreto 1366/2026 a través de un pronunciamiento contundente: "Ser proveedor local no es tener un domicilio". Para la entidad calingastina, la redefinición nacional resulta incoherente al colocar en un plano de igualdad a una oficina administrativa radicada en Buenos Aires con las empresas que producen, contratan y reinvierten en el departamento y en la provincia.
CASEMICA plantea que el concepto de localía en la minería debe respetar una estructura concéntrica de prioridades territoriales:
•Primer Anillo (Comunidades de Influencia Directa): Pymes y trabajadores radicados en los municipios donde se explotan los yacimientos, como el departamento de Calingasta.
•Segundo Anillo (Proveedores Sanjuaninos): Empresas constituidas y radicadas en la provincia de San Juan.
•Tercer Anillo (Proveedores Nacionales): Industrias y prestadores de servicios radicados en el resto de la Argentina.
El nuevo decreto elimina estos tres anillos y obliga a las pymes locales a competir, dentro del mismo cupo del 20%, contra cualquier filial de un grupo internacional que instale una sede formal en la capital del país.
"El decreto los borra a todos y pone a nuestras pymes a competir, por el mismo cupo, con cualquier filial extranjera con una oficina en Buenos Aires. No estamos en contra de la inversión ni de la competencia: la minería es la actividad que tracciona al resto de nuestra economía y queremos que crezca. Pero sin reglas que reconozcan el arraigo, la riqueza de nuestras montañas no deja desarrollo donde corresponde." — Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA)
El posicionamiento de CASEMICA enfatiza además un componente de legitimidad histórica: fueron las pymes verdaderamente locales las que respaldaron el RIGI desde su discusión inicial, considerándolo un instrumento clave para el crecimiento de Calingasta y San Juan. Sin embargo, la reglamentación actual posterga a las estructuras productivas que reinvierten sus ganancias en el territorio para beneficiar a empresas que transfieren su renta al exterior.
La declaración de CAPRIMSA: entre la formalidad nacional y el desarrollo efectivo
En consonancia con las preocupaciones de Calingasta, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), presidida por Fernando Godoy, emitió una Declaración Institucional centrada en la necesidad de distinguir la "condición formal de proveedor local" del "desarrollo efectivo de proveedores" en las zonas de inversión.
CAPRIMSA sostiene que la llegada de grandes volúmenes de capital no garantiza de forma automática la transformación social y productiva de la provincia. En ese sentido, la institución remarca que el éxito del desarrollo minero no debe medirse únicamente por la cantidad de mineral extraído, sino por el valor agregado que permanece en San Juan, las capacidades empresariales que se fortalecen y los puestos de trabajo de calidad que se generan para su población.
Para articular el crecimiento minero con el desarrollo local, CAPRIMSA promueve dos vías de acción fundamentales:
•Orientación Estratégica y Conducción Provincial: Reclama la intervención activa del Gobierno de San Juan para ejercer el liderazgo político y coordinar políticas públicas que conviertan la demanda minera en empleo, crecimiento de proveedores y valor agregado local.
•Relación Institucional Transparente con Operadoras: Exige a las grandes empresas mineras una planificación anticipada de sus contrataciones, convocatorias transparentes, información previa y criterios claros de evaluación que brinden oportunidades competitivas a las pymes de la provincia.
La institución aclara que no se busca limitar la competencia ni restringir la llegada de empresas de otras jurisdicciones, sino construir reglas de juego equitativas que impulsen alianzas y sinergias entre proveedores sanjuaninos, empresas nacionales e instituciones de formación profesional.
Conflicto de Jurisdicciones: La vulneración de la Ley Provincial 2827-M y la Constitución
El impacto del Decreto 1366/2026 rebasa la esfera estrictamente mercantil y plantea una colisión normativa de gravedad institucional. Tanto CASEMICA como CAPRIMSA sustentan sus posturas en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, los cuales resguardan las competencias no delegadas por las provincias y ratifican el dominio originario sobre sus recursos naturales.
Bajo esas facultades constitucionales, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó el 2 de julio de 2026 la Ley N° 2827-M de Desarrollo Local Minero, consensuada entre el Ejecutivo provincial y las cámaras del sector para fijar pautas claras de priorización y fortalecimiento de los proveedores provinciales.
La coexistencia entre ambas normas deja al descubierto tensiones de fondo:
•Marco Provincial (Ley 2827-M): Nace del acuerdo legislativo de la provincia dueña del recurso, con el objetivo explícito de generar empleo local, transparencia en las licitaciones y desarrollo de la cadena de valor en San Juan.
•Marco Nacional (Decreto 1366/2026): Modificación reglamentaria aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, sin debate en el Congreso, que atenúa las exigencias de participación pyme y debilita las competencias provinciales.
Frente a esta asimetría, las cámaras empresarias instan al Gobierno nacional a dejar sin efecto el Decreto 1366 y solicitan al Gobierno de San Juan que defienda la primacía de la Ley 2827-M y avance sin demoras en su reglamentación efectiva.
El riesgo de la economía de enclave y la necesidad de un frente común
La flexibilización de los criterios de localización en el RIGI amenaza con retrotraer la minería argentina a un modelo de "economía de enclave". En esta dinámica, las explotaciones mineras funcionan como islas de alta rentabilidad tecnológica desconectadas del entorno productivo regional. Los insumos críticos, la ingeniería de alto valor y la logística especializada son capturados por corporaciones multinacionales o sus filiales constituidas a tal efecto, relegando a los proveedores locales a tareas de escasa complejidad y bajo valor añadido.
La defensa del proveedor local expuesta por CASEMICA y CAPRIMSA no constituye un pedido de privilegios distorsivos ni de proteccionismo ineficiente, sino una condición indispensable para la sostenibilidad social y económica de la minería. Sin una cadena de suministros local integrada, capacitada y competitiva, la actividad extractiva pierde su arraigo territorial y priva a las provincias de los beneficios permanentes del desarrollo industrial. La derogación de las medidas que flexibilizan el compre nacional y la plena aplicación de las normativas de desarrollo local provincial representan el único camino para transformar los recursos naturales en progreso sustentable para las comunidades originarias y para el país.



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