Victor Garcia
La importante acumulación de nieve registrada durante el invierno de 2026 en la cordillera de San Juan genera expectativas sobre un próximo ciclo favorable para el río San Juan. Sin embargo, el informe elaborado por el Prof. Ing. Luis F. Jiménez advierte que todavía deben consolidarse las mediciones y determinarse el equivalente en agua, además de evaluar las pérdidas por sublimación, infiltración y otros procesos antes de contar con un pronóstico confiable.
El documento sostiene que la situación debe analizarse más allá del volumen que finalmente ingrese al sistema. La existencia de un año excepcionalmente húmedo no necesariamente implica un cambio en la tendencia de largo plazo de una cuenca caracterizada por una elevada variabilidad y condiciones estructurales de aridez. “Un episodio extraordinario forma parte de la variabilidad natural del sistema y no necesariamente representa una modificación de su tendencia de largo plazo”, señala Jiménez.
En este contexto, el informe propone revisar el paradigma con el que históricamente se administró el agua en San Juan. La denominada cultura de la abundancia estuvo asociada a la captación, regulación, infraestructura y ampliación de la oferta. La cultura de la escasez, en cambio, coloca el foco en el almacenamiento, la distribución, la eficiencia, las prioridades y la administración de la demanda.
El excedente como reserva para el futuro
Uno de los principales planteos del documento es que, ante un eventual derrame extraordinario, la pregunta no debería ser cuánto más agua puede consumirse, sino cuánto de esa disponibilidad puede transformarse en seguridad hídrica futura. Para ello, Jiménez propone considerar el excedente después de descontar la demanda eficiente y las pérdidas inevitables.
Ese excedente podría destinarse a distintos objetivos: recuperar el almacenamiento de los embalses, recargar el acuífero, atender requerimientos ecológicos y conformar una reserva estratégica interanual. De esta manera, el agua que eventualmente sobre durante un período favorable dejaría de ser considerada únicamente como un recurso para incrementar el consumo y pasaría a formar parte del capital hídrico provincial.
El informe también plantea modificar el criterio de distribución. En lugar de aumentar las entregas cuando existe mayor disponibilidad, propone que el volumen distribuido responda a la demanda justificada y a la disponibilidad efectiva. “Una mayor oferta no genera automáticamente una mayor entrega”, sostiene el documento.
Embalses y acuíferos como reservas complementarias
Para Jiménez, la seguridad hídrica del Valle de Tulum no debe medirse solamente por el agua almacenada en los embalses Caracoles, Punta Negra y Ullum. El acuífero constituye también una reserva estratégica y ambos sistemas deben ser considerados de manera integrada.
Los embalses permiten una regulación rápida y controlada, aunque están sujetos a pérdidas por evaporación. Los acuíferos tienen una respuesta más lenta y una recuperación que puede demandar períodos prolongados, pero presentan menores pérdidas evaporativas y una capacidad de almacenamiento distribuida. Por eso, un año favorable puede representar una oportunidad para recuperar simultáneamente las reservas superficiales y subterráneas.
El agua almacenada también tiene valor
Otro de los ejes del trabajo es la necesidad de considerar el agua principalmente como un bien de uso. El informe enumera entre sus funciones el abastecimiento humano, la producción de alimentos, el mantenimiento de los oasis, el sostenimiento de ecosistemas, la recarga de acuíferos, la generación hidroeléctrica y la seguridad frente a futuras sequías.
Desde esa perspectiva, conservar agua durante un año favorable también genera beneficios. “Agua no consumida en el presente = mayor seguridad hídrica disponible en el futuro”, plantea el documento. La conservación puede reducir riesgos de desabastecimiento, evitar futuros bombeos, proteger ecosistemas y contribuir a sostener la producción durante períodos de sequía.
El trabajo no descarta los instrumentos económicos, pero plantea que deben tener una función complementaria. Tarifas, cánones, costos de bombeo, precios sombra e incentivos pueden utilizarse para transmitir señales de escasez y promover eficiencia, aunque dentro de límites definidos por las necesidades humanas, ambientales y estratégicas.
Una nueva prioridad para la política hídrica
El documento propone una jerarquía para la asignación del recurso. En primer lugar debería garantizarse el agua necesaria para sostener la vida y el territorio, incluyendo el abastecimiento humano esencial, el funcionamiento ecológico básico y las condiciones que permiten la existencia de los oasis. En segundo lugar debería preservarse la seguridad futura mediante reservas superficiales, recuperación del acuífero, caudales ambientales y almacenamiento estratégico. Finalmente, el agua podría destinarse a actividades productivas utilizando herramientas económicas que promuevan eficiencia y productividad.
La propuesta implica también cambiar el objetivo de la gestión hídrica. En lugar de concentrarse exclusivamente en maximizar el consumo presente, el informe plantea incorporar el valor de las reservas y de los servicios ecosistémicos. “Una sociedad no debería asignar al consumo presente un volumen que comprometa las reservas necesarias para enfrentar los años futuros”, afirma Jiménez.
El ciclo nival de 2026 adquiere así un significado particular. Si finalmente se produce un derrame extraordinario, representará una recuperación temporal del sistema, pero no modificará por sí mismo las restricciones estructurales. “Un año excepcional puede llenar embalses, pero no puede modificar una tendencia climática”, advierte el informe.
De la infraestructura física a la institucional
Jiménez plantea que San Juan cuenta con una importante infraestructura hidráulica construida durante el siglo XX, pero que el desafío actual consiste en complementarla con una infraestructura institucional capaz de administrar la escasez. Esto incluye reglas de almacenamiento, prioridades de asignación, medición efectiva, distribución por demanda, mecanismos de ahorro, tarifas eficientes, programas de recarga, gestión conjunta del agua superficial y subterránea, planificación frente a sequías y sistemas de información.
El planteo central queda sintetizado en el contraste entre dos formas de entender el recurso. “La cultura de la abundancia pregunta: ¿Cuánta agua tenemos disponible para repartir?”. Frente a ello, “La cultura de la escasez pregunta: ¿Cuánta agua podemos utilizar hoy sin comprometer la seguridad hídrica del futuro?”.
En sus conclusiones, el informe sostiene que un eventual ciclo hidrológico extraordinario durante 2026-2027 no debe interpretarse como el final de la crisis hídrica. La abundancia excepcional debe utilizarse para recuperar embalses, acuíferos y reservas estratégicas, mientras la distribución debería avanzar hacia una lógica basada en demandas técnicamente justificadas.
El desafío, según el trabajo del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo, consiste en transformar la excepcionalidad hídrica en una oportunidad de fortalecimiento del sistema. “La abundancia excepcional de un año no contradice la escasez estructural” y la verdadera prueba pasa por determinar cuánto de esa abundancia puede conservarse para enfrentar los períodos secos que volverán a presentarse.
