La apertura de la instrucción penal en el fuero Federal marca un punto de inflexión estratégico en el litigio de alta complejidad que enfrenta a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA) con el grupo Iberte. La intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 3, bajo la titularidad del Dr. Daniel Rafecas, traslada el conflicto de la esfera comercial privada a una investigación de orden público. El proceso, radicado bajo el Expediente CFP 5435/2025, investiga la presunta vulneración del artículo 303 del Código Penal (Lavado de Activos) y el artículo 300, inciso 2 (Balances Falsos), tipificaciones que protegen la transparencia y estabilidad del sistema económico-financiero nacional.
La investigación se dirige inicialmente contra Juan José Retamero Gómez, empresario español y directivo de la firma Iberte, y Guillermo Daniel García, quienes habrían sido señalados como responsables de una arquitectura societaria destinada, presuntamente, a la legitimación de capitales. Esta causa federal surge tras la acumulación de indicios sobre la licitud de los flujos de divisas ingresados al país, vinculando la operatividad técnica de las empresas denunciadas con maniobras que exceden el marco del derecho privado.
El origen de la denuncia: el esquema financiero allegado
El impulso de la acción penal federal se origina en la denuncia presentada por Luciana Govoni, apoderada del Consejo de Administración de FECOVITA. La pieza acusatoria describe una mecánica financiera sofisticada diseñada para el ingreso de "fondos espurios" desde el exterior. De acuerdo con la representación legal de la cooperativa, la detección de estas anomalías fue el detonante para que el Ministerio Público Fiscal advirtiera una posible afectación al control de cambios y al orden económico.
La lógica de la maniobra denunciada se estructuraría sobre tres ejes técnicos que involucran a sociedades como Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA), Iberte S.R.O. e Inversora S.A.:
3. Conflictos judiciales cruzados en la provincia de Mendoza
La instrucción federal debe procesarse en un escenario de extrema litigiosidad, donde la justicia debe deslindar responsabilidades frente a acusaciones diametralmente opuestas. En la provincia de Mendoza, bajo la causa P-84473/23 y sus acumuladas en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el grupo Iberte/EVISA ha impulsado denuncias contra exdirectivos de FECOVITA, incluyendo a Eduardo Sancho, Rubén Panella y Jorge David Irañeta.
En esta instancia provincial, los delitos imputados son estafa y balance falso, centrados en los siguientes aspectos técnicos:
La justicia federal evalúa ahora si estas causas en Mendoza son parte de una estrategia de hostigamiento para debilitar patrimonialmente a la cooperativa o si, efectivamente, exponen inconsistencias que confirman la existencia de balances falsos. La realidad es que los cruces legales lo único que hacen es de alguna manera es poner en jaque a los productores de la cooperativa. Si bien Retamero en más de una oportunidad aseguró que los productores vitivinícolas de la federación no tienen nada que temer.
Medidas de prueba y requerimientos de información bancaria
A fin de establecer la trazabilidad de los fondos y determinar si el origen del capital es lícito, el fiscal Ramiro González ha solicitado una serie de medidas de prueba de alta precisión, convalidadas por el juez Rafecas. Estas acciones se centran en la reconstrucción del perfil patrimonial de los denunciados y de las sociedades bajo sospecha.
El Ministerio Público Fiscal ha requerido informes técnicos detallados a las siguientes entidades bancarias sobre la operatividad de EVISA:
Asimismo, se dió intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para auditar las operaciones de comercio exterior de EVISA. Paralelamente, se ha solicitado a la Unidad de Información Financiera (UIF) el análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no solo de los principales denunciados, sino también de una red de sociedades vinculadas que incluye a Minas Argentinas SA, Cabo Virgen SA, Isber LLC y Eris LLC (Word wine trading LLC). Esta medida busca determinar si la capacidad económica declarada guarda correspondencia con los flujos de divisas detectados.
Desde el grupo de empresas que conduce Retamero, sostienen que lo que busca la federación de cooperativas con esta acción es conseguir concenso social porque les está yendo muy mal en la justicia en otras causas. Lo que pone aún mas en evidencia los cruces en los juzgados entre ambas instituciones.
Delegación de la instrucción y estado procesal actual
El Juez Daniel Rafecas, mediante resolución fundamentada en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, decidió delegar la instrucción de la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1. Esta decisión responde a la necesidad de dotar a la investigación de la especialización técnica que requieren los delitos económicos complejos y a que la fiscalía ya ha procesado el análisis previo de la evidencia documental.
En términos procesales, el estado actual de la causa presenta las siguientes particularidades:
Esta causa se encuentra en una etapa embrionaria de recolección de evidencia pericial y bancaria. Sin embargo, hay que recordar que los enfrentamientos entre Iberte y Fecovita iniciaron en el 2022, a solo un año de constituido el acuerdo para exportar vinos y mostos entre ambas instituciones. El avance del proceso que se plantea en la actualidad estará supeditado a los informes de los organismos de control y al análisis de la trazabilidad financiera, manteniéndose en todo momento la presunción de inocencia de las partes involucradas.
